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El desarrollo de métodos que permitan la evaluación del grado de satisfacción y las opiniones de las personas usuarias.

Analizar los orígenes de la solidaridad nos permite comprender como evolucionan las diferentes formas de afrontar los problemas sociales, y que papel juega la iniciativa social - si es que tiene alguno - en los distintos momentos históricos, cuáles han sido sus formas de intervención y como hemos llegado a la situación actual.

Las personas usuarias tendrán garantizada una cantidad mínima de libre disposición para gastos personales, que se determinará reglamentariamente en función de la naturaleza de los servicios y se actualizará con carácter anual.

Obligaciones que adquieren las partes.

Artículo 132 Graduación de las sanciones En la graduación de las sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción cometida y la sanción aplicada, y se establecerá ponderándose los siguientes criterios: Gravedad de la infracción.

Artículo 80 Planificación y evaluación de la calidad de los servicios sociales La Consejería competente en materia de servicios sociales establecerá una estrategia global de calidad, eficiencia y sostenibilidad que incorpore los objetivos a alcanzar en los ámbitos de ciudadanía, profesionales y organización, y que servirá como referente para la elaboración del Plan Estratégico de Servicios Sociales de Andalucía.

Dichas ayudas y subvenciones habrán de ser otorgadas de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia e igualdad, y con sujeción a la legislación general de subvenciones.

Proyecto de Intervención Social: La actuación diseñada para garantizar el carácter integral de la atención y su continuidad, de acuerdo con la valoración diagnóstica de la situación de necesidad social.

Los instrumentos que ponga en marcha la Consejería competente en materia de servicios sociales para la mejora continua de la calidad de los servicios serán de aplicación a la totalidad de agentes involucrados en el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

La declaración de interés social para Andalucía corresponderá a la persona titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales.

Una vez concluida la vigencia del concierto social, cualquiera que fuera su causa, el órgano competente garantizará que los derechos de las personas usuarias de las prestaciones concertadas no se vean perjudicados por su finalización.

Paso de la acción sistemática institucionalizada a la acción transformadora y participativa, integral e integrada en el resto de las acciones: Del servicio social al trabajo social.

Instituto Nacional de Servicios Sociales, para la gestión de los servicios sociales (Organismo que posteriormente pasará a denominarse Instituto de Mayores y Servicios Sociales).

Se da una relevancia especial a la nueva configuración del sistema de servicios sociales, que tiene como referentes la Ley estatal 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, el nuevo marco estatutario en Cataluña aprobado en 2006 y la Ley catalana 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales.

Participar en el proceso de toma de decisiones sobre su situación personal y familiar, así como a dar o denegar su consentimiento en relación con una determinada intervención.

Las condiciones físicas, funcionales y de recursos humanos del centro de servicios sociales responderán a los estándares de calidad que se establezcan para este tipo de servicios en el sistema de certificación de la calidad de los servicios y de la práctica profesional previsto en la presente ley, garantizando la accesibilidad y el derecho a la intimidad de las personas usuarias.

Ética y servicios sociales Artículo 70 Estrategia de ética de los servicios sociales La Consejería competente en materia de servicios sociales desarrollará y aprobará una estrategia que permita introducir los principios éticos en las políticas sociales y en la provisión de los servicios sociales, facilitando un espacio común basado en valores compartidos entre ciudadanía, profesionales y la propia organización, bajo el enfoque de la corresponsabilidad, la cooperación y la confianza entre todas las personas que están implicadas en el desarrollo de los servicios sociales.

Disposición transitoria tercera Organización territorial del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía La zonificación de los servicios sociales existente a la entrada en vigor de esta ley continuará vigente hasta que sea aprobado el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía previsto en la misma.

Una vez formulado el contrato programa, las entidades instrumentales involucradas en la provisión de servicios sociales lo desarrollarán de acuerdo con su organización respectiva, estableciendo los objetivos operativos, recursos asignados e indicadores de seguimiento y evaluación.

En ningún caso, se establecerán requisitos para la emisión de la tarjeta que vulneren la universalidad del derecho a la atención social en Andalucía, ni se dejará de atender a personas en situación de urgencia social por no disponer de tarjeta social.

Cualquier otra aportación económica que, conforme al ordenamiento jurídico, se destine al Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

La beneficencia supone una forma de superación de la caridad, ahora bien, no podemos olvidar que la beneficencia está basada en el simple altruismo o generosidad del benefactor, este carácter altruista implica discrecionalidad de la ayuda solicitada, continuando la asistencia sin ser un derecho propio del ciudadano y manteniéndose como una acción graciable.

El gasto total en servicios sociales en España en 2013 fue de 14.982 millones de euros, el 1,4% del PIB (en 2011 alcanzó el 1,6%).

Debido a que buena parte de los fondos estatales para servicios sociales se trasfieren a las otras dos administraciones, la caída de la partida del Estado influye sensiblemente en los recortes que acometen las comunidades y entidades locales, centrados, sobre todo en los capítulos de personal (despidos, reducción salarial) y transferencias (renta garantizada, cuidados familiares para dependientes), según los autores del estudio.

Lo que es sí es evidente es que las diferencias presupuestarias y organizativas tienen efecto en prestaciones concretas.

Un “chantaje” a Ayuntamientos y autonomías, colapsados y sin Presupuesto.

Excepcionalmente, en ausencia de entidades de iniciativa social que cumplan las condiciones establecidas en esta ley, las administraciones públicas podrán concertar con entidades privadas con ánimo de lucro.

De la figura del usuario a la del ciudadano.





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